La que afecta por contaminación medioambiental a terceros, originando daños:

• Corporales.
• Morales.
• Materiales.
• Perdidas económicas.

• Instalaciones de producción y transformación de metales.
• Industrias minerales y química.
• Fabricación de pasta de papel a partir de madera u otras materias fibrosas.
• Instalaciones para tratamiento previo o para el tinte de fibras o productos textiles.
• Industria del cuero.
• Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
• Consumo y disolventes orgánicos.
• Industria del carbono.
• Las actividades de gestión de residuos: recogida, transporte, recuperación, eliminación, supervisión, explotación y cierre de vertederos e incineradoras.
• El vertido de aguas interiores superficiales o subterráneas sujetas a permiso, autorización o registro, así como vertido o inyección de contaminantes sujetos a autorización.
• Captación y represamiento de aguas sujetas a autorización.
• La fabricación, utilización, almacenamiento, transformación, embotellado, liberación en el medio ambiente y transporte in situ de sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos fitosanitarios, biocidas entre otros.
• Transporte de mercancías peligrosas.
• Instalaciones de Combustión.
• Explotación de instalaciones sujetas a autorización IPPC (ley de prevención y control integrados de la contaminación).
• Utilización, transporte, liberación intencional, comercialización de microorganismos modificados genéticamente.
• Traslado transfronterizo de residuos dentro de la UE.
• Gestión de residuos de industrias extractivas.

Se presumirá, que las actividades económicas o profesionales enumeradas anteriormente, AUNQUE NO EXISTA DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA, han causado el daño o la amenaza. Tienen la obligación de comunicar el suceso a la autoridad competente, adoptar medidas y sufragar: Incluidos costes administrativos y jurídicos.

A) Cuando NO medie dolo, culpa o negligencia, RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. Tiene la obligación de comunicar el suceso a la autoridad competente, adoptar medidas de prevención y de evitación, pero no de reparación.

B) Cuando un procedimiento administrativo o penal, haya determinado dolo, culpa o negligencia. Se aplicará la misma responsabilidad, que si hubiera sido una actividad que hubiese tenido obligación de adaptarse a la LEY, es decir se le exigirán costes de reparación.

Ante una amenaza inminente de daño medioambiental, se adoptan medidas para reducir o impedir que se produzcan.

Ya producido el daño se adoptan medidas para limitar o evitar daños mayores.

• A instancia del propio operador, otro interesado (Titulares de bienes, derechos o intereses que pudieran resultar afectados), u organizaciones que tuvieran entre sus fines la protección del medio ambiente en general o de alguno de sus elementos en particular.
• De oficio, por iniciativa de la Administración.
• Personas jurídicas sin animo de lucro, que en sus estatutos contemplen la defensa del medioambiente, con desarrollo de su actividad en el mismo ámbito territorial que resultase afectado, y que esta fuere constituida legalmente 2 años antes del ejercicio de dicha acción.
• La Administración deberá resolver, de manera motivada y expresa en el plazo máximo de 3 meses, puede adoptar medidas provisionales durante la tramitación del procedimiento. Y para evitar el uso espurio (falso) o abusivo de esta figura legal, podrá denegar aquellas solicitudes que estime infundadas o abusivas.

La Ley atribuye a la Administración, el establecimiento de la cuantía por cada actividad.

• La obligatoriedad nunca podrá ser superior a 20.000.000 Euros por siniestro y año.
• En concepto de franquícia, una cantidad que no supere el 0,5 %, de la cuantía a garantizar.
• Podrá admitirse sublímites en costes de prevención y evitación, de al menos el 10% de la cuantía fijada.
• Quedan excluidas las personas jurídicas públicas.

• Póliza de seguros, con Compañía autorizada para operar en España.
• Aval de entidad financiera autorizada a operar en España.
• Reserva Técnica mediante la dotación de un fondo “AD HOC“, para responder de los eventuales daños medioambientales de la actividad, con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

• Actividades susceptibles de ocasionar daños cuya evaluación sea inferior a 300.000 Euros.
• Actividades con daños valorados entre 300.000 y 2.000.000 Euros, que acrediten estar adheridas con carácter permanente, al sistema comunitario de gestión y auditoria medioambiental EMAS, o al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO14001:1996.
• Operadores que utilicen productos fitosanitarios y biocidas, con fines agropecuarios y forestales. (Regulados por su propio Real Decreto).

• Cualquier persona o empresa, que conozca la norma UNE 150008 o equivalente. No obstante dicha evaluación debe ser verificada por una entidad acreditada.
• Determinada por la autoridad competente según la intensidad y extensión del daño que el operador pudiera causar.
• A partir del 2010 será obligatoria la evaluación y se examinarán sector a sector.

• Costes de investigación preliminar
• Costes de contención
• Estudio de soluciones de remediación
• Implantación de las técnicas de remediación y validación
• Asistencia legal
• Costes de defensa legal
• Comunicación de crisis
• Otros: Representación, viajes, seguros.
• Operaciones y monitorización posterior a la remediación

• Todas las que puedan producir daños medioambientales, como consecuencia de sus actividades económicas o profesionales
• Para las empresas con actividades relacionadas en contestación a nuestra pregunta sobre ¿actividades principales estan sujetas a esta norma?, es OBLIGATORIO contar con una garantía financiera.

• Le protegerá frente a los daños corporales y materiales, que por contaminación pueda causar a terceros.
• Le cubrirá también los costes de limpieza del suelo propio.
• En una sola póliza, tendrá cubierta la contaminación por cualquier causa, tanto accidental como gradual.
• Le protegerá frente a los daños que pueda causar al medioambiente, en el desarrollo de su actividad económica.

Infracciones Graves o Muy Graves:

• No adoptar medidas preventivas o de evitación, exigidas por la autoridad competente .
• No ajustarse a las instrucciones recibidas por la autoridad competente.
• No adoptar las medidas reparadoras exigibles al operador.
• Incumplimiento de la obligación de concertar la garantía financiera.
• No prestar asistencia a la autoridad competente
• La omisión, resistencia o la obstrucción
• Las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, y las graves a los 2 años, a contar desde el día en que se cometió.
• No informar a la autoridad competente, o hacerlo con injustificada demora, de la existencia de un daño o amenaza.

Sanciones para infracciones:

• Desde 10.001 hasta 50.000 €
• Suspensión de la autorización concedida al operador para su actividad. Período máximo de 1 año.
• Prescriben a los dos años desde día de la resolución firme.

Muy Graves:

• Desde 50.001 hasta 2.000.000 €
• Suspensión de la autorización concedida al operador por un período mínimo de 1 año y máximo de 2. Puede conllevar la extinción de la autorización.

Graves:

• Prescriben a los tres años desde el día de la resolución firme.