Una promotora inmobiliaria interpuso acción social de responsabilidad contra su consejo de administración, dado que la sociedad había recibido ciertas cantidades en concepto de pagos anticipados para la construcción, pero no concertó los correspondientes contratos de seguro que garantizasen la devolución de dichos anticipos, como era legalmente exigible.
Los administradores demandados fueron condenados a pagar una cantidad equivalente a los intereses que, de haberse contratado el seguro, habrían quedado cubiertos bajo el mismo.

Un comprador de acciones de una sociedad entabló una acción individual contra los administradores de la sociedad por su negativa a reconocer su cualidad de accionista, lo cual le privó de poder ejercer el derecho de voto en una Junta General así como de percibir los dividendos correspondientes a un ejercicio.
El Tribunal condenó a los administradores tanto al reconocimiento de la condición de socio del comprador como a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

Se entabló una acción de responsabilidad contra los administradores de una sociedad, quienes, teniendo conocimiento y tiempo para comprobar los problemas económicos por los que atravesaba la compañía, incumplieron la obligación de convocar la Junta General para acordar la disolución de la misma.
Los administradores fueron condenados, solidariamente con la sociedad, al pago de las deudas de ésta.

Los empleados de una empresa hotelera solicitaron la declaración de concurso culpable de la sociedad. El Juzgado de lo Mercantil estimó que el concurso debía efectivamente declararse culpable pues los administradores no habían solicitado la declaración de concurso en el plazo de dos meses legalmente previsto al efecto.
La Sentencia condenó a los administradores al pago del déficit patrimonial de la sociedad.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España inició una investigación y, posterior procedimiento sancionador contra los administradores y el director general de una entidad financiera por no haber respetado las normas reguladoras de las situaciones de conflictos de interés.

Un administrador fue condenado con carácter subsidiario al pago de los importes correspondientes a diversas autoliquidaciones del IRPF, retenciones de trabajo personal e IVA, así como a los correspondientes intereses de demora, sobre la base de que la sociedad había cesado en la actividad, dejó de presentar regularmente sus declaraciones tributarias, y el administrador no promovió la disolución y liquidación de la sociedad.